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Oscar Valdés: Retos en Seguridad Ciudadana – Diario El Comercio

El sexto ministro del Interior del gobierno del presidente Ollanta Humala juró el lunes pasado; sin embargo, la promesa electoral hecha en campaña de solucionar el agudo problema de la inseguridad ciudadana sigue aún sin cumplirse.

La Inseguridad es un problema transversal que atañe a toda la sociedad. De allí la necesidad que tuvo el Acuerdo Nacional de crear el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que tiene como actor al Consejo de Seguridad Ciudadana; en el cual además participa el propio presidente de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los ministros de Estado y los representantes de los gobiernos regionales y locales.

Si el Gobierno no le da importancia a este estamento, estamos condenados a ver tan solo aislados intentos de solución a este problema, normalmente hasta ahora fallidos.

El problema de la inseguridad es por naturaleza complejo. Del 100% de delitos cometidos en nuestro país el 60% son de violencia familiar. Para solucionar eso, parte importante tiene que ver con la educación y el fortalecimiento de la familia para tener mejores ciudadanos. El 40% de los delitos restantes –llámese robos, crímenes, secuestros, etc.– es tarea policial.

Nuestro país, con una población de 30 millones de habitantes, cuenta con unos 100 mil policías. En un cálculo simple podemos inferir que cada policía peruano puede atender la demanda de 300 ciudadanos, con lo cual estaríamos cerca del promedio internacional que considera como óptima la relación de 250 personas por efectivo policial. Pero, el servicio 24×24 y una mala distribución del personal a nivel nacional ocasionan que en determinados lugares solo exista un policía por más de 1.000 habitantes.

Por lo mencionado, considero que, además de la eliminación del sistema 24×24 y la mejor distribución del personal, la policía necesita urgente retomar la reingeniería diseñada a inicios de este gobierno donde se buscaba mejorar las leyes para el personal, las de ascensos, las de cambios de colocación, de incremento de personal subalterno y la reducción de grados superiores a través de una pirámide organizacional.

En el caso de los suboficiales, se debería establecer la formación en las escuelas por un tiempo mínimo de 6 semestres académicos que vaya de la mano con una capacitación continua. Asimismo, el Gobierno debe mejorar las remuneraciones a tal nivel que se pueda reemplazar lo que perciben en los días de franco por el sistema 24×24 y dignificar al policía en su función, diferenciándola de lo que hacen los servicios de vigilancia privada o serenazgo. Se debe insistir en la especialización de la policía, teniendo presente la seguridad ciudadana, la investigación criminal, el terrorismo y el narcotráfico, así como la vigilancia de penales y fronteras evitando caer en el error de atomizar la organización con un sinnúmero de dependencias especializadas. Asimismo, se debe dotar a la policía de todos los recursos tecnológicos, como alarmas, cámaras, sistemas de telecomunicaciones, etc.

El Poder Judicial y el Ministerio Público también requieren una reingeniería para hacer que los delincuentes sean acusados y condenados como corresponde. El INPE también debe reorganizarse incrementando sus cárceles para evitar hacinamientos y hacer que cumplan su función como centros de rehabilitación y no como promotoras de perfeccionamiento del delito y escuelas de la delincuencia.

En el campo educativo se debe trabajar de inmediato con programas sobre seguridad vial y ciudadana en los niveles preinicial, primario, secundario e inclusive universitario.

El Ministerio del Interior, durante los dos últimos años, ha sido cercenado de dos importantes direcciones que han pasado a ser superintendencias, como son las anteriores Dicscamec y Digemin y que son esenciales para el control de armas, explosivos, personas y contra el crimen organizado. Esto debe corregirse de inmediato.

El Ministerio del Interior debe ampliar su capacidad para defender a nuestros policías de manera gratuita de las falsas e injustificadas denuncias en su contra formuladas, en muchos casos, por los mismos delincuentes. Asimismo, debe ser la máxima instancia para dirimir asuntos disciplinarios procedentes de la Inspectoría de la Policía Nacional.

El ministro, asimismo, debe ser el principal defensor de una noble institución como la policía, perjudicada por el mal comportamiento de algunos malos elementos y, por intermedio del Conasec, plantear propuestas de ley que impidan que los corruptos, amparados en fallos judiciales, regresen a la institución. Y que, además, se den las leyes necesarias en el Congreso para que de manera sumaria se retire a los malos elementos.

Últimamente, mucho se opina y critica sobre el perfil que debe tener el ministro del Interior. Algunos, sin fundamento, afirman que no debe ser un militar, que debe ser un policía, un civil, etcétera; lo real es que hemos tenido funcionarios de todas las canteras.

Personalmente, creo que el ministro debe ser un líder que se distinga por su firmeza, honestidad, visión, conocimiento de la gestión pública y privada, con gran capacidad para resolver problemas, que sepa crear las condiciones para que sus dependientes desarrollen su iniciativa y creatividad en el cumplimiento de su misión.

El Ministerio de Economía debe considerar en la propuesta de presupuesto general que presente al Congreso los fondos necesarios para llevar a cabo lo propuesto y tener presente que de nada vale tener la caja fiscal llena en un país en llamas. La seguridad, en cualquier lugar, cuesta y es indispensable.

Finalmente, para la solución de este problema es fundamental la participación de todos los peruanos, sin excepción, ya que no se trata solo de percepciones e histerias.

“No existe una familia, una empresa y una sociedad sana en un entorno insano”.

Oscar Valdés Dancuart
Fuente: Diario El Comercio